La agrovoltaica permite generar energía solar manteniendo la actividad agrícola bajo los paneles — y seguir cobrando las ayudas PAC.

El Reglamento UE 2021/2115, Art. 4.1.d establece que sí es compatible si se mantiene la actividad agrícola bajo los paneles. El MAPA publicó una nota aclaratoria en 2023 confirmando la elegibilidad de instalaciones agrovoltaicas para pagos directos PAC. Los criterios clave son la densidad de paneles (que permita la actividad agrícola real) y el mantenimiento del cultivo o pastoreo bajo los módulos. El SIGPAC debe seguir registrando la superficie como agrícola activa y el agricultor debe poder acreditar la doble producción ante el organismo pagador autonómico.

La tramitación combina el RD 244/2019 de autoconsumo y la Ley 24/2013 del sector eléctrico con la normativa urbanística autonómica. Ante la comunidad autónoma se requieren tres autorizaciones: administrativa previa, de construcción y de explotación. En suelo rústico, se exige además informe urbanístico favorable conforme al Art. 13 del TRLS (RDLeg 7/2015) que regula las actuaciones en suelo rural, más la licencia municipal de obras. Para instalaciones de más de 100 kW conectadas a red, es obligatoria la inscripción en el registro autonómico de instalaciones de producción de energía eléctrica y la obtención del punto de acceso y conexión (PAC) ante el gestor de red correspondiente.

El IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) se aplica si la potencia instalada supera los 100 kW (Ley 39/1988 de Haciendas Locales). Respecto al IBI, la instalación puede modificar la calificación catastral del suelo afectado de rústico a urbano, lo que incrementaría el valor catastral y la cuota. Sin embargo, la DGT en Consulta V2529-20 aclaró que los paneles solares instalados en suelo rústico no alteran per se la calificación catastral si la actividad agrícola se mantiene de forma real y efectiva. Se recomienda consultar al Catastro antes de ejecutar la instalación para verificar el criterio aplicable a cada finca concreta.

Sí. El PERTE Agroalimentario y las convocatorias del IDAE canalizan fondos NextGenerationEU hacia proyectos de autoconsumo renovable, incluyendo agrovoltaica. El PNIEC 2021-2030 fija el objetivo de 39,2 GW fotovoltaico para España. Las comunidades autónomas tienen convocatorias específicas de subvención para autoconsumo en explotaciones agrícolas. Los proyectos agrovoltaicos son elegibles si acreditan la doble función: producción de energía eléctrica y mantenimiento de la actividad agrícola en la misma superficie, lo que los distingue de los parques fotovoltaicos puros en suelo rústico.

El RD 1183/2020 establece un aval o caución de 2,5 €/kW para las solicitudes de punto de acceso a la red eléctrica. Adicionalmente, las comunidades autónomas exigen garantías específicas para el coste de restauración del suelo al final de la vida útil de la instalación (15-25 años). El importe estimado oscila entre 5.000 y 50.000 euros por instalación según el tamaño y la comunidad autónoma. La caución técnica ante el organismo autonómico de energía es la vía habitual, aunque algunas CCAA admiten también seguro de responsabilidad civil con cobertura de desmantelamiento.

No existe una prohibición legal general, ya que las denominaciones de origen no tienen competencia normativa sobre el uso urbanístico del suelo. Sin embargo, cada DO puede incluir restricciones en su pliego de condiciones (Art. 102 de la Ley 24/2003 de la viña y el vino), que es el documento que rige las prácticas vitivinícolas admitidas. El Consejo Regulador de la DO correspondiente debe consultarse antes de instalar, ya que algunos pliegos exigen que la viña reciba plena insolación. Varias DOs han aprobado en los últimos años protocolos específicos para agrovoltaica en viñedo, verificando que la reducción de irradiación no afecte a la calidad del vino ni a las características varietales amparadas.