Ley 31/1995 LPRL. El Marco que Sostiene Toda tu Prevención de Riesgos.

La Ley 31/1995 (LPRL) es la norma fundacional del sistema de seguridad y salud laboral en España. Transpone la Directiva Marco 89/391/CEE y establece el marco general de derechos y obligaciones en materia preventiva: obliga al empresario a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, a través de la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, la formación e información a los trabajadores, la vigilancia de la salud y la coordinación de actividades empresariales cuando coinciden varias empresas en un mismo centro de trabajo. Es la norma “paraguas” de la que derivan reglamentos específicos como el RD 39/1997 (servicios de prevención), el RD 1215/1997 (equipos de trabajo) o el RD 486/1997 (lugares de trabajo).

El art. 14 de la LPRL establece el deber genérico de protección del empresario, que se concreta en obligaciones específicas: (1) evaluar los riesgos que no se puedan evitar (art. 16); (2) planificar la actividad preventiva integrando la prevención en el sistema de gestión de la empresa; (3) constituir un Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno, o designar trabajadores (art. 30-31); (4) informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos de su puesto (art. 18-19); (5) vigilar periódicamente el estado de salud de los trabajadores (art. 22); (6) elaborar y conservar la documentación preventiva (art. 23); (7) coordinar la actividad preventiva cuando concurren varias empresas (art. 24); (8) consultar y permitir la participación de los trabajadores a través de los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud (art. 33-39).

La evaluación inicial de riesgos debe identificar los peligros existentes en cada puesto de trabajo, valorar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse y determinar las medidas preventivas necesarias. Debe realizarse: al inicio de la actividad, cuando cambien las condiciones de trabajo, cuando se incorporen nuevos equipos o sustancias, y periódicamente conforme a lo acordado con los representantes de los trabajadores o cuando así lo exija la normativa específica aplicable. La evaluación debe documentarse por escrito (art. 23) y debe dar lugar a una planificación de la actividad preventiva que incluya plazos, responsables y recursos necesarios para eliminar o reducir los riesgos detectados, priorizando siempre la protección colectiva frente a la individual (principios de acción preventiva, art. 15).

La LPRL reconoce a los trabajadores el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud (art. 14), que se concreta en: derecho a ser informados sobre los riesgos de su puesto y las medidas preventivas (art. 18); derecho a recibir formación teórica y práctica suficiente y adecuada (art. 19); derecho a la vigilancia periódica de su estado de salud (art. 22, voluntaria salvo excepciones legales); derecho de consulta y participación a través de sus representantes (art. 33-36); derecho a interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo en caso de riesgo grave e inminente (art. 21); y protección específica para trabajadores especialmente sensibles, menores y trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia (art. 25-27). El incumplimiento de estos derechos por el empresario puede dar lugar a responsabilidad administrativa, civil e incluso penal.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores de dos o más empresas, estas deben cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos que pueden afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes, y establecer los medios de coordinación necesarios (reuniones periódicas, procedimientos, instrucciones, presencia de recursos preventivos). Este deber se desarrolla en detalle en el RD 171/2004. Es especialmente relevante en contratas y subcontratas industriales, donde el empresario titular del centro debe informar a las empresas concurrentes de los riesgos propios del centro y de las medidas de emergencia a aplicar. El incumplimiento de la coordinación es una de las causas más frecuentes de sanción por la ITSS tras accidentes en obras y plantas con contratistas.

Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se tipifican en el Real Decreto Legislativo 5/2000 (LISOS) y se clasifican en leves, graves y muy graves. Las sanciones económicas oscilan entre €40 y €2.045 para infracciones leves, entre €2.046 y €40.985 para graves, y entre €40.986 y €819.780 para muy graves (grado máximo), según la Ley 31/1995 y sus actualizaciones. Además de la sanción administrativa, el incumplimiento de las obligaciones preventivas puede generar responsabilidad civil por daños y perjuicios, recargo de prestaciones de la Seguridad Social (30-50% en caso de accidente derivado de falta de medidas de seguridad) y responsabilidad penal para los responsables si se dan los elementos del delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316-317 Código Penal).

La LPRL establece el marco general de obligaciones (deber de protección, evaluación de riesgos, formación, vigilancia de la salud) mientras que los reglamentos de desarrollo concretan cómo cumplir esas obligaciones en ámbitos específicos: el RD 39/1997 regula cómo deben organizarse los servicios de prevención; el RD 1215/1997 concreta las condiciones de seguridad de los equipos de trabajo; el RD 486/1997 regula las condiciones de los lugares de trabajo; el RD 773/1997 regula los equipos de protección individual; el RD 374/2001 regula los agentes químicos. Cuando un inspector de la ITSS visita una planta, verifica el cumplimiento simultáneo de la LPRL (documentación genérica: evaluación de riesgos, plan de prevención, formación) y de los reglamentos específicos aplicables a esa actividad concreta.

Todas las empresas, con independencia de su tamaño o sector, están obligadas a integrar la prevención de riesgos laborales en su sistema general de gestión a través de un Plan de Prevención (art. 16 LPRL, desarrollado por el RD 39/1997). El Plan debe incluir: la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos. Debe reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, las autoridades sanitarias y los representantes de los trabajadores. El Plan debe incluir la identificación de la empresa, su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo, la organización de la producción y de la prevención en la empresa.