El RD 1942/1993 está Derogado. Hoy Rige el RD 513/2017 (RIPCI)

No. El Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprobaba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI), junto con su Orden de desarrollo de 16 de abril de 1998, fue derogado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. Desde el 12 de diciembre de 2017 (fecha de entrada en vigor del RD 513/2017), la normativa aplicable a las instalaciones de protección contra incendios en España es el RD 513/2017, no el RD 1942/1993. Si tu empresa o tu asesor todavía cita el RD 1942/1993 como referencia vigente, conviene revisar la documentación: está desactualizada.

El RD 1942/1993 regulaba el diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas activos de protección contra incendios (extintores, bocas de incendio equipadas, sistemas de detección, rociadores automáticos, columnas secas, etc.) y estableció por primera vez en España el marco de empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas. Fue sustituido por el RD 513/2017, que actualiza esos mismos contenidos conforme a la normativa europea de marcado CE y a las normas UNE vigentes, y que a su vez ha sido modificado por el RD 298/2021, el RD 145/2023 y, más recientemente, el RD 164/2025.

El RD 164/2025, de 4 de marzo, aprueba principalmente el nuevo Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI), que deroga y sustituye al RD 2267/2004. Pero, además, modifica varios artículos del RD 513/2017 (RIPCI): el artículo 5 (soluciones técnicas alternativas), el artículo 6 (validación de modelos únicos), el artículo 20 (requisitos de puesta en servicio) y el artículo 22 (plazos y excepciones de las inspecciones periódicas obligatorias, incluida una nueva exención de la inspección decenal en determinados casos). Está en vigor desde el 10 de mayo de 2025.

Según el RD 513/2017, sólo empresas instaladoras y empresas mantenedoras inscritas en el registro industrial de la comunidad autónoma correspondiente pueden instalar, poner en servicio o mantener equipos y sistemas de protección contra incendios (extintores, BIE, detección, rociadores, columna seca, sistemas de extinción por gas o agentes limpios). El personal debe disponer de la cualificación exigida y la empresa debe emitir certificado de instalación o boletines de mantenimiento según el Anexo II del reglamento, actualizado por el RD 164/2025.

El Anexo II del RD 513/2017 fija operaciones de mantenimiento trimestrales, anuales y quinquenales según el tipo de equipo (extintores, BIE, detección, rociadores, etc.), a cargo de empresa mantenedora autorizada. Además, el artículo 22 exige una inspección decenal de determinadas instalaciones por un organismo de control autorizado, con las nuevas excepciones introducidas por el RD 164/2025 para ciertos casos. Los plazos exactos dependen del tipo de equipo y de la fecha de puesta en servicio.

Son normas complementarias que regulan aspectos distintos: el RD 513/2017 (RIPCI) regula los equipos y sistemas de protección contra incendios en sí — su diseño, instalación, puesta en servicio y mantenimiento —, mientras que el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (aprobado por el RD 164/2025, que deroga el RD 2267/2004) regula las condiciones constructivas y de compartimentación del propio establecimiento industrial: sectorización, resistencia al fuego de la estructura, evacuación y qué nivel de riesgo intrínseco determina qué instalaciones de protección exige el RIPCI. Una planta industrial debe cumplir ambos reglamentos de forma coordinada.

El incumplimiento se sanciona conforme a la Ley 21/1992 de Industria y su desarrollo reglamentario, que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. No disponer de las instalaciones de protección exigidas, no mantenerlas con empresa autorizada, o carecer de los boletines de mantenimiento e inspecciones periódicas puede constituir infracción grave o muy grave, con sanciones económicas que en los casos más graves alcanzan varios cientos de miles de euros, además de la responsabilidad civil y, en su caso, penal derivada de daños a personas o bienes en caso de siniestro.