Ley 2/2023 en Planta: Canal de Denuncias y Protección Antirrepresalias.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas, obliga a todas las empresas privadas con 50 o más trabajadores a disponer de un Sistema Interno de Información (canal de denuncias). Las empresas de 50 a 249 trabajadores pueden compartir recursos y canal con otras empresas del grupo o sector, mientras que las de 250 o más empleados deben disponer de canal propio y de un responsable del sistema con independencia funcional.

La ley transpone la Directiva (UE) 2019/1937 y cubre infracciones del Derecho de la Unión Europea (contratación pública, servicios financieros, seguridad de productos, protección del medioambiente, seguridad alimentaria y sanidad pública, entre otras) y, además, infracciones penales o administrativas graves o muy graves del ordenamiento español. En el contexto industrial, esto incluye especialmente: infracciones de seguridad y salud laboral, incumplimientos ambientales (vertidos, emisiones, gestión de residuos peligrosos), fraude de calidad (certificaciones falsas, adulteración de resultados de ensayo) y corrupción en la cadena de suministro.

La ley prohíbe explícitamente cualquier forma de represalia contra el informante, incluyendo suspensión, despido, degradación, denegación de ascenso, cambio de funciones o de centro de trabajo sin consentimiento, y coacción o discriminación. Además, establece la inversión de la carga de la prueba: si un informante sufre un perjuicio laboral tras realizar una comunicación, se presume que es una represalia salvo que la empresa demuestre que la medida se basó en motivos justificados no relacionados con la denuncia.

No solo empleados: la ley extiende la legitimación a trabajadores actuales y antiguos (con vinculo laboral finalizado recientemente), candidatos en proceso de selección, autónomos, accionistas, miembros de órganos de administración, voluntarios, becarios, y trabajadores de contratistas, subcontratistas y proveedores. Esto es especialmente relevante en cadenas de suministro industriales con múltiples contratas trabajando en la misma planta.

No es obligatorio admitir denuncias anónimas, pero sí es obligatorio garantizar la confidencialidad de la identidad del informante frente a terceros no autorizados durante todo el proceso. Muchas empresas optan por permitir también denuncias anónimas como buena práctica, ya que reduce las barreras a la denuncia, especialmente en entornos industriales con jerarquías fuertes en planta.

El responsable del sistema debe acusar recibo de la comunicación en un plazo máximo de 7 días hábiles, y debe dar respuesta a la persona informante en un plazo máximo de 3 meses desde el acuse de recibo (ampliable a 3 meses adicionales en casos de especial complejidad). Este plazo incluye la investigación interna y la comunicación de las medidas adoptadas o previstas, o la razón de su no adopción.

Las infracciones muy graves (incluyendo tomar represalias contra el informante o vulnerar la confidencialidad) pueden sancionarse con multas de hasta 1.000.000 de euros para personas jurídicas, además de posibles sanciones accesorias como la prohibición de contratar con el sector público o la pérdida de subvenciones. Las infracciones graves (por ejemplo, no disponer de canal de denuncias siendo obligatorio) tienen multas de hasta 300.000 euros. La Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) es el organismo competente para supervisar el cumplimiento a nivel estatal.

IgeraIndustria indexa la Ley 2/2023 completa junto con el protocolo interno de gestión de denuncias de tu empresa, permitiendo al responsable del sistema o al departamento de compliance consultar en lenguaje natural qué categoría de infracción aplica a un caso concreto, qué plazo de respuesta corresponde y qué garantías de confidencialidad deben aplicarse, citando siempre el artículo exacto de la ley.